Un agricultor —en su nombre y como socio de una sociedad civil ya disuelta— asumió sanciones e intereses de demora de Hacienda después de que su asesor le mantuviera durante varios ejercicios en un régimen fiscal (estimación objetiva por módulos y REAGP) cuya aplicación ya no procedía por superar los límites legales, lo que motivó la regularización de su IRPF e IVA por la Agencia Tributaria. En defensa del cliente reclamamos la responsabilidad civil profesional del asesor mediante burofax y abrimos una negociación directa al amparo de la Ley Orgánica 1/2025 (MASC). El asunto se cerró con un acuerdo indemnizatorio que resarció al cliente del perjuicio sufrido, sin necesidad de acudir a juicio.
