Un trabajador impugnó su despido disciplinario pidiendo que se declarara nulo —alegando vulneración de derechos fundamentales y represalia por haber denunciado a su superiora y haber solicitado previamente la extinción indemnizada del contrato— y, subsidiariamente, improcedente, además de reclamar diversas cantidades. En defensa de la empresa acreditamos, mediante prueba documental y testifical, la realidad de las faltas sancionadas (negativa reiterada y en tono agresivo a cumplir instrucciones, junto a la reincidencia en faltas graves anteriores) y que se respetó la audiencia previa al trabajador conforme a la doctrina del Tribunal Supremo. El tribunal de lo social declaró el despido procedente, sin indemnización ni salarios de tramitación, y descartó cualquier represalia o vulneración de derechos fundamentales.
